Gonzalo Díaz Letelier - Excepción, infancia y revuelta.

EXCEPCIÓN, INFANCIA Y REVUELTA.

Aquello que llamo nuda vida es una producción específica del poder y no un dato natural. En cuanto nos movamos en el espacio y retrocedamos en el tiempo, no encontraremos jamás –ni siquiera en las condiciones más primitivas– un hombre sin lenguaje y sin cultura. Ni siquiera el niño es nuda vida: al contrario, vive en una especie de corte bizantina en la cual cada acto está siempre ya revestido de sus formas ceremoniales. Podemos, en cambio, producir artificialmente condiciones en las cuales algo así como una nuda vida se separa de su contexto: el “musulmán” en Auschwitz, el comatoso, etc. Es en este sentido que decía antes que es más interesante indagar cómo se produce la desarticulación real del humano que especular sobre cómo ha sido producida una articulación que, por lo que sabemos, es un mitologema. Lo humano y lo inhumano son solamente dos vectores en el campo de fuerza de lo viviente. Y este campo es integralmente histórico, si es verdad que se da historia en todo aquello en lo cual se da vida. Pero en este continuum viviente se pueden producir interrupciones y cesuras.     

(Giorgio Agamben)[1] 

En el pasaje del epígrafe, Agamben señala que la “vida desnuda” (nuda vita) es un presupuesto metafísico de la máquina soberano-gubernamental. Para subsumir soberanamente a la vida en la lógica del gobierno –lógica dispositiva de la vida sobre la vida–, es preciso suponer un substrato de vida plástica, concebida como materia pasiva que recibe una forma en un mundo estructurado orgánicamente por un principio activo y trascendental de orden.  

            Tal hilemorfismo –o modo de pensar la relación entre materia y forma– de corte platónico-cristiano aparece por contraste cuando Willy Thayer, pensando en términos de “tecnologías de vida”,[2] hace consideraciones críticas sobre las relaciones metafísicas tradicionalmente supuestas entre tecnicidad (techne), apertura hermenéutica (logos) y “vida” (zoé, vīta). Escribe Thayer:

Cualquier tecnología de vida pertenece a la virtualidad de la vida, pero la virtualidad de la vida no se reduce a ninguna tecnología de vida en particular.[3]

Y más adelante:

No compartiríamos (…) afirmaciones del tipo: “la vida es capaz de recibir múltiples formas”. Sí, mejor, en cambio, “la vida no es anterior ni posterior, no preside ni precede, a las formas, a las tecnologías, de vida”. Es inmanente a ellas.[4]

Y en una nota al pie, precisando la cuestión de la tecnicidad de lo viviente por contraste con la vacua hipóstasis metafísica de una “vida aterida”:

¿En qué podría consistir, por lo demás, o qué podría ser una vida libre de clausuras, institutos, contratos, distribuciones particulares; una vida exterior a todo marco, forma o tecnología? ¿No constituye, acaso, esa vida en general, una más de las tantas tecnologías comprensivas de la vida, una más de las virtualidades de la vida, y una que se explaya vulgarmente como si fuese la vida misma, la vida en cuanto tal, sustantiva, libre de mediaciones, categorías o cruce de categorías o marcos comprensivos? Vida misma, en sí, en cuanto tal, en cualquier caso, sería el estatuto que adquiere cualquier tecnología de vida que se comporte incautamente respecto de su propia clausura o condición. Cualquier verosímil o tecnología de vida constituye (y se constituye en) un régimen de verdad que se esencializa, universaliza o naturaliza, en la misma medida en que se olvida de sí como régimen particular, como sistema de límites y condiciones, y se proyecta imperialmente como incondicionado. Cualquier régimen o tecnología de vida se afirmará universal o natural mientras olvide su genealogía, su acumulación originaria. Y por lo común, lo olvidará.[5]

            En contraste con todo esto, el presupuesto metafísico-político que se expresa en la práctica gubernamental del régimen de Piñera es un hilemorfismo que concibe la soberanía mediante la articulación de un principio formal de orden y una materia pasiva necesitada de que se le imprima una forma. Tal presupuesto lo podemos ver expreso con particular nitidez en la performance de la ministra de educación Marcela Cubillos en torno al vínculo entre infancia y política. En la coyuntura de estos últimos días ello se puso de manifiesto en el anuncio que hizo la ministra, el 25 de noviembre recién pasado, de que su cartera adoptaría una serie de medidas contra el “adoctrinamiento político” a menores en escuelas y jardines infantiles, mediante el impulso en el Congreso de un proyecto de ley que busca castigar “la propagación de tendencias políticas” en las instituciones educacionales chilenas –a propósito del hecho de que en algunos jardines infantiles y escuelas los niños habían aparecido coreando “El pueblo unido jamás será vencido”, “Renuncia Piñera” o “El que no salta es paco”. Todo ello en circunstancias –sostiene la ministra– en que sus educadores tendrían la responsabilidad de “cuidar su inocencia” como garantía elemental de un derecho humano fundamental.

            La suposición de la ministra Cubillos es que si los niños se manifiestan de esa manera es porque “alguien” los tuvo que haber “adoctrinado”. Porque los niños no pueden ser sino conducidos. Y porque el mal como movimiento discordante respecto de la glorificación del reino –la política como desacuerdo e irrupción demótica– siempre habría que identificarlo en el aparataje jurídico de la “persona” y la “intención desviada”: del profesorado izquierdista, del sujeto corruptor de la infancia y la juventud (¡fuera la filosofía!), sujeto peligroso y monstruoso, violentista y antisocial. Esto último es una cosa que no puede ser el niño en principio –siguiendo el postulado sobre su pureza. Y si así lo llegara a ser, de un modo adventicio, entonces ahí veremos, como lo hemos visto en estos días, a las fuerzas especiales de la policía disparando adentro de un liceo de niñas a las alzadas quinceañeras. Si destilamos el sentido de la práctica gubernamental en curso, su significado es muy prístino: si educar es conducir, a veces es necesario sacar la huasca para librar del mal a los cuerpos y así neutralizar la puesta en abismo del mundo.

Aclaremos algo más el supuesto: que los niños son puros y pasivos y, por tanto, susceptibles de ser o “bien educados” –conducidos en la pureza de su dúctil pasividad al hábito en el orden naturalizado del proyecto histórico de la derecha–, o, al contrario, “adoctrinados políticamente” o simplemente “politizados” –si se sublevan cuestionando e interrumpiendo la normalidad del régimen en vigor.

Pero los niños están en el mundo, ya siempre están en el mundo –y no en alguna pretendida esfera de pureza sin mácula mundanal. Los niños están ya siempre experimentando e incidiendo en las diferentes composiciones de afectos de su entorno (¿quién no ha aprendido de los niños? ¿quién no ha sido transformado por ellos?), concernidos por las escenas y las intensidades que recorren en sus vidas diarias, así como por las imágenes circulantes con las que se topan por distintos medios. Los niños también experimentan el cruento orden efectivo de las cosas, en la casa, en la calle, en la escuela. Y tal orden pueden llegar a afirmarlo si se van “bien derechito”, pero también a impugnarlo en virtud de su potencia imaginante no plenamente sujetada por la composición funcional del hábito al texto soberano del caso. Es como si la ministra Cubillos no se enterara de que los niños no están simplemente inmersos en “la realidad”, instituida ésta idealmente como un museo –a modo de un “platonismo sin khorâ”–, sino en un campo de fuerzas entre la facticidad y lo posible que es constitutivo de lo político. Y los niños lo expresan sin necesidad de que alguien les "adoctrine". Indudablemente en las instituciones hay profesores de izquierda o críticos, así como también los hay garantes del orden, pero los niños ven lo que pasa en el colegio, en las calles, en sus barrios, en sus casas, pueden expresarlo y efectivamente lo expresan, lo figuran, lo transfiguran, lo impugnan y lo profanan. Es y será cada vez más el mundo de ellos lo que viene llegando.

*   *   *

Emilia, estudiante de 6° Básico en una escuela de Puente Alto, escribe: “Para mí estar en esta revuelta es a la vez un honor y una decepción. Es un honor el poder ver cosas tan bonitas como a la gente unirse. Y es una decepción no tener aun la ocasión de estar en Plaza Dignidad cuando hay manifestaciones grandes, aunque me uno a las del barrio de mi papá. Cuando voy con mi papá al centro veo como por todas partes hay mensajes sobre lo que pasa (‘El pueblo unido jamás será vencido’, ‘Pelea como un Furby endemoniado’ y cosas así) y cada vez que lo hago me dan ganas de poder unirme a la lucha. Tengo 12 años y no me da miedo, lo que pasa es que me impresiona mucho ver a la gente unida como nunca. Eso me hace feliz. Y además esta revuelta es necesaria para lograr mejores condiciones de vida para el pueblo, como subir el sueldo mínimo, mejorar las pensiones terminando con las AFP, proteger con derechos a los animales y que se haga justicia por todas las violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que pienso sobre esta situación de Chile”.  

Y he aquí una serie de dibujos hechos por niños de primer ciclo de enseñanza básica de un colegio particular subvencionado de la comuna de La Florida, en Santiago de Chile, a un mes del estallido de la revuelta:       

         El día que la escuela en la que enseño volvió a abrir, un mes después del estallido de la revuelta, fue la primera ocasión en que nos reunimos y tuvimos oportunidad de hablar de lo que estaba ocurriendo –en mi caso con los estudiantes de dos cursos de tercer año de enseñanza media, con los que llevaba un mes y medio trabajando. Era evidente que era lo que había que hablar, y en la sala había una mezcla de temor y entusiasmo. Antes de conversar entre todos, ellos armaron pequeños grupos y elaboraron preguntas y respuestas sobre la situación por la que atravesábamos, a la sazón inédita para todos por fuera de los libros de historia y otros archivos. Aquel 19 de noviembre de 2019 ellos acuñaron cuatro preguntas a las que todos elaboraron respuestas. Aquí van algunas que los mismos estudiantes me pidieron hacer públicas.

1)      Se dice que Chile es como un “oasis”, un “modelo”, un “milagro”. ¿cómo explicar a un extranjero la actual situación de crisis social?

Respuestas: “Le explicaríamos que los chilenos llevan más de 30 años sufriendo abusos por parte del Estado y de los privados que han hecho este país para su propio beneficio (privatizan la educación, salud, agua y servicios básicos, pensiones, transporte, carreteras, etc.), lo que llevó a la gente a ‘explotar’. También le explicaríamos que las fuerzas armadas y policiales violan los derechos humanos horriblemente para crear constituciones en dictadura y mantenerlas con todos los privilegios que aseguran” (Paulo, José, Valentín y Pablo, 3° Medio). “Esas aseveraciones eran realizadas antes del ‘estallido social’, toda vez que en el concierto latinoamericano Chile gozaba de un alto prestigio y reconocimiento respecto a su economía, mirada que sólo apuntaba a las zonas de concentración de la riqueza y a las cifras macroeconómicas que hablaban de un país próspero, abstrayéndose de un aspecto relevante como lo es la injusta distribución de esa riqueza” (Catalina, 3° Medio). “Esto no es una crisis. Esto es un cambio de vida” (Nicolás, 3° Medio).

2)      ¿Cuál es el sentido político de la acción “evade” que pusimos en juego les estudiantes?

Respuestas: “El movimiento del ‘Evade’ fue iniciado por estudiantes de enseñanza media y algunos universitarios, contra el alza de la tarifa del sistema público de transporte de Santiago. Pero las evasiones se hicieron multitudinarias y surgieron demandas más allá de lo que tenía que ver con el alza del transporte público, demandas que apuntan al modelo socioeconómico neoliberal que conlleva desigualdad social, explotación y precarización laboral y de derechos sociales, además de abusos de poder y corrupción. Los estudiantes con nuestra acción ‘Evade’ dimos el primer paso para despertar y que todos los chilenos nos hiciéramos fuertes para levantarnos con nuestras cacerolas a manifestar nuestra realidad de malestar y el sufrimiento de nuestras familias” (Sofía, Miri, Mari y Juan Gabriel, 3° Medio). “La acción ‘Evade’ se refiere a resistir los abusos y en último término a evadir un sistema que nadie pidió y que sin embargo nos ata” (Jorge, 3° Medio). “Al comienzo fue por el descontento por el alza del pasaje del Metro de Santiago, pero luego se transformó y manifestó el descontento del país con toda la injusticia que hay, los sueldos mínimos, las pensiones indignas, la privatización de lo que puede ser de todos como un negocio de unos pocos, el abuso, la corrupción, etc. Por lo tanto, yo interpretaría la acción ‘Evade’ como algo más, como ‘evade el gobierno’, por así decirlo” (Noemi, 3° Medio). “La acción ‘Evade’ tiene un sentido de protesta, de manifestación. ‘Evadir, no pagar, otra forma de luchar’, se trata de resistir y de hacer como un cortocircuito, evadir las decisiones que las autoridades abusivas nos imponen. La acción habla de afrontar la justicia a la vez que se esquiva la norma” (Isidora, Diego, Patrick y Noelia, 3° Medio).

3)      ¿Qué tipos de violencias se ven en nuestra situación actual?

Respuestas: “El Estado y el empresariado en nombre de sus negocios privatizadores han sido violentos al dejar a la gente morir esperando por una salud digna, dejando a los adultos mayores con pensiones más bajas que el sueldo mínimo, etc. La policía y los militares han abusado de su poder con violencia extrema, disparando sin motivos, arrestando, sacando los ojos a la gente, ‘interrogando’, violando y golpeando a las personas, estando los policías bajo los efectos de las drogas. También está la violencia de los manifestantes que interrumpen la ciudad y se defienden de los agentes del Estado” (María Paz, Claudia, Isidora y Sofía, 3° Medio). “Violencia física, psicológica y sexual, actos de violencia efectuados por agentes del Estado que actúan con total impunidad. Los manifestantes también emplean la violencia con sus manifestaciones, cacerolazos y barricadas, y son los únicos que en la televisión son condenados y tratados como criminales por defenderse” (Isidora, Diego, Patrick y Noelia, 3° Medio). “Para mucha gente sólo se atribuye la violencia a los actos que transmite la imagen televisiva, plasmada en saqueos, incendios, destrucción de propiedad pública y privada, así como también hacia las fuerzas policiales y en su momento, durante el toque de queda, hacia efectivos de las fuerzas armadas. Pero también hemos visto, y no por la televisión, testimonios y registros de acciones protagonizadas por efectivos policiales y militares en contra de civiles que se manifiestan, acciones que implican violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que sin embargo se presentan como errores procedimentales. Además está la violencia verbal del gobierno, cuyos ministros con sus declaraciones se han burlado de la gente haciendo que ella explote. Pero a mi juicio la principal violencia es aquella que se viene viviendo hace décadas de manera silenciosa, como lo es la desigualdad extrema disfrazada bajo una economía próspera, de crecimiento y modelo para muchos países. Todo ello encubría una injusta distribución de la riqueza natural y del trabajo, distribución que favorece a un ínfimo porcentaje de la gente más rica de nuestro país, castigando a la clase media y a los sectores más vulnerables. Por último, la corrupción que se observa en entidades públicas y privadas, abusos impunes de empresas y de autoridades de nuestro país, que constituyen una forma de violencia que contradice los valores que nos inculcan de honestidad, trabajo y respeto de la ley, y además traiciona la confianza de la gente que los eligió como sus representantes” (Catalina, 3° Medio). “Violencia es que los militares salgan a la calle estando en democracia. Violencia es la vida cotidiana en este sistema abusivo, y violencia parece que es lo que tenemos que ejercer en la manifestación, pues de otra manera no nos escucharían” (Noemi, 3° Medio). “Violencia política, pues no nos dejan expresar nuestro sentir libremente; violencia física, porque los ‘agentes de paz’ disparan y golpean a menores de edad” (Jorge, 3° Medio).    

4)      ¿Qué pueden significar ‘democracia’ y ‘justicia’ de aquí en adelante?

Respuestas: “De ahora en adelante ocurrirá que la gente se dará cuenta de que no existe democracia en Chile. Esta ausencia de democracia se vio en el estado de emergencia, pero viene de mucho antes, a causa de la clase política ‘elegida’ por el pueblo y la corrupción generalizada. Además hoy se habla de la Constitución, pero los estudiantes que hemos impulsado los cambios no podremos votar para la nueva Constitución. Respecto de la justicia, no puede haber justicia sin verdad, y la verdad es algo tan maleable que parece muy difícil lograr que haya justicia, sobre todo con los medios de comunicación actuales. No hay una mentalidad democrática. Entonces no podrá haber justicia sin un cambio de mentalidad y eso es lo que tiene que venir de ahora en adelante” (Paulo, José, Valentín y Pablo, 3° Medio). “Lo acontecido nos invita a revisar profundamente la estructura de nuestra democracia, hacia la apertura de una mayor participación y poder de decisión popular, y también a ahondar en una concepción de la justicia más allá de lo que guarda relación con lo punitivo. Ir en búsqueda de una real justicia social que implica fundamentalmente el respeto por la dignidad, lo que conlleva el resguardo de aspectos de respeto, inclusión, participación, aspectos económicos, el proveer y satisfacer necesidades y servicios básicos además de la salud y la educación, justicia en las relaciones de trabajo, relaciones de cuidado con la naturaleza” (Catalina, 3° Medio).      

*   *   *

Los estudiantes están en el mundo y experimentan su orden y su transformación, su belleza y su violencia. Las mismas generaciones que hasta hace poco eran retratadas como niños aislados en las interfaces electrónicas y despolitizados, desde antes del 18 de Octubre portaban la chispa de la revuelta, tal como sucedió, mutatis mutandis, con los estudiantes de la revuelta de la chaucha en las calles santiaguinas en 1949, o con los niños de los pueblos de Túnez al inicio de las revueltas árabes en 2010. Pero la ministra Cubillos, desde los más altos estrados del partido del orden, condena su “adoctrinamiento”. Que no adoctrinen al niño implica que el niño, en su condición pura, sea obediente, dúctil para vivir y progresar según “la realidad” del régimen. Educar, entonces, sería cultivar en el niño una actitud de “realismo” en el mundo fácticamente dado, pues todo lo demás sería adoctrinamiento sobre mundos posibles. Nuevamente un platonismo sin khorâ. Como si los niños no participaran de la potencia común de imaginar que se sustrae de todo texto soberano. Ahí es donde comparece el Platón agustiniano de Svensson otra vez: es el alma la que debe adecuarse a la realidad.[6]

Como un antídoto posible a la filosofía pretoriana pura y dura, suelo leer a Heidegger y Spinoza: la posibilidad abre la trascendencia desde la facticidad (Heidegger), pero lo hace como potencia activa y nunca retroproyectivamente cancelada o “puesta en obra” por el acto (Spinoza, natura naturata et natura naturans). “Pero –sostiene Agamben– en este continuum viviente se pueden producir interrupciones y cesuras”: la interrupción que en virtud de su propio potencial de dispersión y diseminación desactiva el régimen, desobra la puesta en obra de una forma de vida “humana” y detona un siniestro en el museo del mundo. Por ello mismo lo viviente se ve expuesto, en el esquema metafísico-político de la soberanía, a cesuras y fracturas entre formas de vida que se autointerpretan y territorializan como ascendentes –fundando y conservando sus regímenes en sentido evolutivo y sacrificial– y las formas que resisten en su singularidad a su asignada condición sacrificable, interrumpiendo el progreso de la historia.     

            Los niños están en el mundo, concernidos por él,[7] en la casa, en la calle, en la escuela, en los medios. Pero también están en principio sustraídos de todo texto soberano. Agamben sostiene que es en el lenguaje donde el sujeto tiene su origen y su lugar propio:[8] dado que el hombre no es desde siempre un ser hablante –no posee lenguaje, sino que le adviene de su estar en el mundo–, la “infancia” (infans, in-fari, que no habla) es precisamente la imagen de una experiencia pre-subjetiva, anterior a la captura de la potencia del viviente, qua sujeto, en una lengua y en un texto soberano. De modo que la infancia del hombre –sostiene Agamben– es el hiato, la fisura o discontinuidad entre lo semiótico y lo semántico –la anarquía del noema, diría Derrida–, y por consiguiente la interrupción del tiempo de la historia como progreso lineal y continuo del orden definido por un texto soberano.

            En ese sentido quizás sea interesante reparar en «Las aventuras de Pinocho», la célebre fábula del escritor italiano Carlo Collodi.[9] Se trata, si se quiere, de una fábula de la victoria de la socialización represiva sobre la resistencia infantil. Al comienzo del texto, estando solo en la casa de su padre Gepetto, Pinocho se encuentra con el Grillo Parlante, quien le adoctrina sobre la necesidad de la obediencia y sobre las consecuencias de la desobediencia: quienes se rebelan contra la autoridad paterna y abandonan el hogar “no conseguirán nada bueno en este mundo, y, tarde o temprano, tendrán que arrepentirse amargamente”. Pero Pinocho le explica al Grillo que quiere irse de la casa del padre, pues no quiere que le pase lo que le pasa a todos los niños, esto es, ser enviado a la escuela y forzado a estudiar: “Y, en confianza, te digo que no me apetece estudiar y que me divierto más subiendo a los árboles a coger nidos de pájaros”. Entonces el Grillo lo reprende diciéndole que al menos debe aprender un oficio para ganarse la vida honradamente, a lo que el muñeco responde que “entre todos los oficios del mundo sólo hay uno que me apetece de verdad (…): el de comer, beber, dormir, divertirme y llevar, de la mañana a la noche, la vida del vagabundo”. El muñeco descarta, pues, los estudios y el trabajo por el juego y el vagabundeo, frente a lo cual el Grillo le advierte que “todos los que tienen ese oficio acaban, casi siempre, en el hospital o en la cárcel”. El intercambio termina con la muerte del insecto, que tras decirle a Pinocho que daba pena por tener una cabeza dura de madera, es violentamente aplastado por el muñeco con un mazo. El Grillo volverá a aparecer una y otra vez en la fábula en los momentos de arrepentimiento del muñeco, a modo de espectro, cual voz de la “conciencia moral” –obediencia y deuda introyectada.  

            Otro pasaje interesante es cuando Pinocho, en lugar de ir a la escuela, vende su silabario para poder entrar como espectador a un espectáculo de títeres. El titiritero le regala cuatro monedas de oro, pero un par de pillos lo engañan diciéndole que las plante en la tierra para que crezcan árboles de monedas de oro. Los pillos luego desentierran y roban las monedas del muñeco, por lo que éste, tras darse cuenta, va donde el Juez de la ciudad de Atrapatontos, quien “lo escuchó con gran benignidad; se interesó muchísimo por el relato, se enterneció y se conmovió; cuando el  muñeco no tuvo nada más que añadir, alargó la mano y tocó una campanilla”, a cuyo llamado acudieron “dos mastines vestidos de guardias”, a los que el Juez dijo: “A ese pobre diablo le han robado cuatro monedas de oro; así que apresadlo y llevadlo en seguida a la cárcel”.

Pinocho deviene “niño infractor” en un sistema tutelar de menores decimonónico que ostenta una retórica de corte “proteccionista”, pero que en la práctica lo que hace es castigar la independencia prematura infantil y restringir la autonomía juvenil. Siendo un “menor en situación irregular”, Pinocho es sometido por las instituciones represivas del Estado, durante “cuatro larguísimos meses”, a una especie de “estado de excepción” con menos derechos y garantías que los “malandrines” adultos –similar a lo que ocurre en Chile con el Servicio Nacional de Menores (SENAME).

Tras ser liberado, el muñeco es enviado nuevamente a la escuela –que comparte la lógica disciplinante con las cárceles y los regimientos–, lugar que en parte le gusta por estar en ella con otros niños, pero siempre aparecen tentaciones que lo “desvían” del camino y lo hacen abandonarla. Cuando está a punto de “convertirse en un niño de verdad”, su amigo Mecha lo convence de huir al “País de los Juguetes”, lugar utópico donde “no hay escuelas, ni maestros, ni libros”; “En ese bendito país no se estudia nunca. El jueves no se va a la escuela; y las semanas se componen de seis jueves y un domingo (…), y las vacaciones de verano empiezan el primero de enero y acaban el último día de diciembre (...). ¡Así deberían ser todas las naciones civilizadas!”. Collodi, describiendo el país de los juguetes: “Este país no se parecía a ningún otro país del mundo. Su población estaba compuesta exclusivamente por niños. Los mayores tenían catorce años, los más jóvenes apenas llegaban a ocho. En las calles había una alegría, un estrépito y un vocerío como para volverse locos (…). En definitiva, un verdadero pandemonium (…). En todas las plazas se veían teatrillos de lona, atestados de niños de la mañana a la noche, y en todas las paredes de las casas se leían inscripciones al carbón de cosas tan pintorescas como éstas: ¡Vivan los jugetes! (en vez de juguetes), no queremos más hescuelas (en vez de no queremos más escuelas), abajo Larin Mética (en vez de la aritmética) y otras lindezas por el estilo”.[10] Habiendo huido al país de los juguetes, “tras cinco meses de buena vida, Pinocho, con gran asombro, siente que le brota un buen par de orejas asnales y se convierte en burro, con cola y todo”. El muñeco, resistiéndose al poder patriarcal de la casa, la escuela y el trabajo, desviándose a los placeres del juego y el ocio, deviene animal y, además, “le crece la nariz” por mentir. Resistiéndose a la socialización primaria no puede llegar a ser “persona”, “niño de verdad”, un “niño normal” de carne y hueso. Entre la familia, la casa y la escuela están la calle y los amigos, esa dimensión monstruosa de lo común que puede desviar al niño y contaminar su pureza.

Sin embargo, hacia el final, después de todas sus aventuras, Pinocho internaliza las demandas represivas del orden social: el muñeco se transforma en un niño y deja automáticamente de ser pobre. Su padre, Gepetto, le explica que “cuando los niños que eran malos se vuelven buenos, tienen la virtud de conseguir un aspecto nuevo y sonriente en el interior de su familia”, y le muestra que el viejo Pinocho de madera se encuentra apoyado en una silla, “con la cabeza vuelta a un lado, los brazos colgando y las piernas cruzadas y medio dobladas, que parecía un milagro que se tuviera derecho”. Pinocho mira su avatar de madera y dice: “¡Qué cómico resultaba cuando era un muñeco! ¡Y qué contento estoy de haberme convertido en un muchacho de bien como es debido!”. La victoria de la socialización represiva sobre la resistencia infantil. La fábula de Pinocho nos ilustra sobre la racionalidad que articula el orden social en el proyecto histórico de la derecha como un orden anclado en el agenciamiento del disciplinamiento social generalizado. La fábula de Pinocho nos ilustra que, desde el dictador Pinochet hasta la ministra Cubillos, es el mismo espectro el que asedia la madera de nuestros cuerpos.

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[1] Giorgio Agamben, «Estado de excepción», traducción del italiano al español por Flavia Costa e Ivana Costa, Editorial Adriana Hidalgo, Buenos Aires, ¹2004, en una entrevista de Agamben con Flavia Costa, p. 18.

[2] Cfr. Willy Thayer, «Tecnologías de la crítica. Entre Walter Benjamin y Gilles Deleuze», Ediciones Metales Pesados, Santiago, ¹2010, p. 11 y ss.

[3] Thayer, opus cit., pp. 20-21.

[4] Ibidem, p. 21.

[5] Ibidem, nota 8, p. 184.

[6] Manfred Svensson, «Una revolución gnóstica», en The Clinic, 25 de Noviembre de 2019.

[7] Cfr. Martin Heidegger, «Einleitung in die Philosophie», Gesamtausgabe 27, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main, ²1996, p. 133 y ss.; y «Zollikoner Seminare: Protokolle-Zwiegespräche-Briefe (hrsg. von Medard Boss)», Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main, ¹1994.

[8] Giorgio Agamben, «Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia», traducción del italiano al español por Silvio Mattoni, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, ²2007, p. 59 y ss.

[9] Carlo Collodi, «Storia di un Burattino. Le avventure di Pinocchio» (Historia de un títere. Las aventuras de Pinocho), escrito y publicado en un periódico de Florencia, Giornale per i Bambini, entre 1882 y 1883. En esta interpretación de la fábula hago eco de las reflexiones de Julio Cortés, filósofo anarquista, abogado y músico chileno.

[10] Cfr. Agamben, opus cit., p. 93 y ss.

Gonzalo Díaz Letelier - Capitalismo y guerra III: Colombia, una escena de la guerra capitalística en América Latina..

4.- UNA ESCENA DE LA GUERRA CAPITALÍSTICA EN AMÉRICA LATINA: COLOMBIA.

Esta casa de espesas paredes coloniales

y un patio de azaleas muy decimonónico

hace varios siglos que se viene abajo.

Como si nada las personas van y vienen

por las habitaciones en ruina,

hacen el amor, bailan, escriben cartas.

A menudo silban balas o es tal vez el viento

que silba a través del techo desfondado.

En esta casa los vivos duermen con los muertos,

imitan sus costumbres, repiten sus gestos

y cuando cantan, cantan sus fracasos.

Todo es ruina en esta casa,

están en ruina el abrazo y la música,

el destino, cada mañana, la risa son ruina;

las lágrimas, el silencio, los sueños.

Las ventanas muestran paisajes destruidos,

carne y ceniza se confunden en las caras,

en las bocas las palabras se revuelven con miedo.

En esta casa todos estamos enterrados vivos.[1]

Colombia es quizás uno de los más cruentos escenarios de la historia contemporánea. La máquina política representacional y militar que se fragua allí como alianza liberal-conservadora desde fines del siglo XIX, quizás, podría ser pensada como una versión latinoamericana postcolonial del “americanismo” (Heidegger) que no deja ser a las formas de vida que habitan el territorio, disponiendo de los vivientes y sus mundos, asegurando su dominio sobre ellos y asegurándose a sí misma como positividad originaria mediante poderes estatales o paraestatales, en virtud del derecho o por fuera del derecho. En Colombia la guerra indefinida se tornó la contextura infernal de un mundo devastado por el terror, o, dicho de otro modo, la guerra infinita devino un modo de producción de mundo que procede destruyendo el habitar (in-mundus): la razón se despliega allí erosivamente en la forma de la guerra capitalística y la securitización de ciudades y campos, en el intento interminable –pues la vida siempre se escapa– de instalar una máquina de gobierno total de la vida desde la razón ontoteológica del sujeto soberano y su disposición total de lo ente, mediante la administración de la vida y de la muerte como recursos en función del patrón de acumulación capitalista en su modulación neoliberal.

            Si aquí hemos hablado, evocando a Heidegger, de “la mutación de la guerra en la época técnica”, ello no significa que intentemos trascendentalizar al neoliberalismo y su violencia específica como el “orden epocal”, sino más bien apuntar a su constelación como un orden óntico que expresa paradigmáticamente una consumación y al mismo tiempo un agotamiento tecno-económico de la metafísica de la presencia y del sujeto occidental a nivel ontológico –es decir, de precomprensión de ser, tiempo y poder. En cualquier caso, se trata de una racionalidad hegemónica que hoy se expande colonialmente por el “globo” como marco metafísico-político y “arte de gobernar” generalizado. Si en el discurso de Kissinger el principio de un orden geopolítico plural fue una creación de la Europa moderna temprana y Estados Unidos sería hoy el garante de su continuidad, a la par de ello su “realismo político” consiste en asumir como su “misión” –en términos teológico-políticos– una actuación en política internacional que se funda en la suposición de que alguien tiene que dar un marco de orden universal a esa pluralidad; y que si no lo hacen los norteamericanos, entonces lo harán los rusos, los chinos o los árabes. A su vez, frente al unilateralismo excepcionalista del imperialismo norteamericano de los tiempos de Trump, los rusos y los chinos abogan hoy por un imperialismo multilateral: dicen que “América Latina no es el patio trasero de nadie”, pero no en un sentido no-imperial, sino para decir que América Latina puede ser el patio de todos, que se lo pueden repartir en términos de una doble o triple presencia imperial, etc. Quizás podríamos poner el juego, en relación con esta situación hermenéutica de la geopolítica contemporánea –que tiene a Colombia, como veremos, como una de sus localizaciones más paradigmáticas–, a Heidegger contra Kissinger, y a Heidegger con Marx. Si para Kissinger se trata de imponer los valores democráticos norteamericanos en el mundo tratando de no usar la violencia bélica o de usarla como último recurso (a mayor orden y gobierno del mundo, más seguridad y menos terror), para Heidegger se trataría más bien de dejar ser, de no desplegar la violencia de la racionalización de la totalidad de lo ente en los términos de la metafísica del sujeto y la presencia –teo-onto-antropología– (a mayor ordenamiento gubernamental del mundo, es decir, a mayor aseguramiento de lo ente, más terror). Y si para Heidegger tal racionalización violenta es el dispositivo tecno-económico como último sucedáneo nihilista de la metafísica occidental que está destruyendo todo habitar y sumergiéndonos en el terror, para Marx es la lógica dispositiva y colonizadora del capitalismo la que lo atraviesa todo difundiendo la guerra predatoria y securitaria, además de la nihilización equivalencial de su proceso de valorización.

            En este horizonte, preguntar por Colombia y su inscripción geopolítica actual implica tener en cuenta su historia y su proceso político colonial y postcolonial, su actual inscripción en el bloque imperial liderado por Estados Unidos[2] y su relación con el resto de América Latina –con los países alineados y no alineados con tal bloque imperial. Implica considerar las estrategias necropolíticas del ensamble Estado/Capital (terror estatal y paramilitar), tanto a nivel de las dinámicas puestas en obra entre Estado nacional y capital transnacional –¿cuánto capital transnacional hay invertido en Colombia y en qué se halla invertido?–[3] como a nivel de aquellas que se dan entre el Estado nacional y el capital local de las oligarquías colombianas,[4] pues estas estrategias necropolíticas se efectivizan en las operaciones de contrainsurgencia (anticomunismo) y securitización empujadas por las oligarquías colombianas apoyadas por Estados Unidos, al hilo del combate a las guerrillas y la paralela aniquilación sistemática de líderes sociales (urbanos, rurales e indígenas) y defensores de la naturaleza (ecologistas). Implica también considerar las estrategias biopolíticas de producción de subjetividades, tanto en términos de subjetivación capitalística de la población (capital humano, cultura empresarial y sociedad del consumo, racismo, clasismo y machismo, funcionarios estatales corruptos y una variedad de mercenarios del capital) como en términos de subjetivaciones resistentes urbanas (estudiantes y activistas), campesinas e indígenas (guerrillas marxistas-leninistas, autodefensas comunitarias, etc.). Esta constelación necro-biopolítica ha conllevado la naturalización de una historia de violencia en Colombia, cuyo intento de cierre durante los últimos años en virtud de un “Proceso de Paz” ha fracasado en la medida en que en sus términos no elimina las causas básicas del conflicto: la exclusión política y la cuestión de la tierra.

            La violencia en la América Latina postcolonial ha pasado por algunas fases distintivas. En el caso de Colombia, tales fases corresponden a la violencia política estatal e interestatal durante los siglos XIX y XX –el largo expediente de las “pacificaciones”[5] rurales y urbanas; la cuestión de las fronteras entre Estados–, y desde la segunda mitad del siglo XX y pasando al XXI la fase caracterizada por el surgimiento de las guerrillas enfrentadas al ejército estatal y los paramilitares,[6] luego por la violencia de los cárteles narcos desde los años setenta[7] y la sucesiva deriva de la violencia molecular generalizada en el contexto de la asonada neoliberal –violencia social sobregirada y naturalizada, individualismo patriarcal, competitivo, hiperconsumista y posesivo, anticomunismo policial, delincuencia aspiracional,[8] facciones de guerrillas políticas devenidas máquinas de guerra económicas en las zonas rurales, etc.       

      Tras la larga y cruenta historia colonial de invasión militar, ocupación, clasificación/jerarquización,[9] explotación y evangelización católica de una región estratégica para el Imperio Español durante los siglos XVI al XVIII –por la extracción de oro y el dominio de las costas de los océanos Pacífico y Atlántico–, desde 1780 surge el independentismo que empuja el inicio de un proceso político (revoluciones comuneras de Manuela Beltrán y Antonio Galán) que culmina con la creación, sobre lo que había sido el Virreinato de Nueva Granada, de la república de la Gran Colombia en 1819, con Simón Bolívar como presidente. El siglo XIX colombiano estará atravesado por las guerras fronterizas –con Perú (1828), desintegración de la Gran Colombia en los Estados de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada[10] (1831), con Ecuador (1832)– y por las guerras civiles entre liberales y conservadores desde 1837. Será en medio de este proceso bélico intestino que surgirán los dos partidos políticos tradicionales de Colombia, entre 1848 y 1849: el Partido Conservador y el Partido Liberal. Tras un primer intento de alianza liberal-conservadora entre 1876 y 1877, con ocasión del apoyo de los conservadores al liberal Rafael Núñez –que más tarde, en 1886, fundará el Partido Nacionalista, el mismo año que surge la República de Colombia–, siguen las guerras civiles, con alternancia de hegemonía entre conservadores y liberales. Entrando al siglo XX, en 1903 Panamá se independiza de Colombia, proceso en el que confluyeron la causa nacionalista panameña y el intervencionismo de Estados Unidos en orden a la ocupación de la zona del Canal de Panamá –que ocuparon efectivamente desde 1903 hasta 1979. El 1930 termina un largo período de hegemonía conservadora con el triunfo liberal de Enrique Olaya y, tras la guerra con Perú por disputas fronterizas (1932-1933), se invierte el tablero en 1948, cuando termina la hegemonía liberal con el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. He aquí un hito importante, pues con Ospina Pérez se desencadena entre 1948 y 1958 lo que se conoce como el período de “la Violencia”: el conflicto entre el gobierno conservador y las guerrillas liberales, más que una guerra civil declarada, toma la forma de una guerra sucia, con una proliferación de asesinatos y terrorismo que en esa década deja un saldo de 170.000 muertos y 2.000.000 de despojados y desplazados forzados en los campos.

En 1958 el período de “la Violencia” culminará con la consolidación de la alianza liberal-conservadora, un gobierno de coalición que dará forma a la máquina político-representacional bipolar del Frente Nacional. Será precisamente la violencia de esta máquina del ensamble entre Estado y Capital –en función del capitalismo agrario y agroindustrial como modelo de desarrollo sacrificial– la que redundará en la violencia armada con que irrumpen las guerrillas populares (insurgencia campesino-indígena), cuyo discurso de resistencia marxista-leninista pondrá en juego su autointerpretación como violencia revolucionaria por fuera de la democracia formal capturada por la máquina liberal-conservadora. Las guerrillas –el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento 19 de Abril (M19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército Revolucionario Popular (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),[11] entre otros– serán así la contrapartida que durante los años sesenta eclosionará, en contexto de Guerra Fría, bajo el influjo de la Unión Soviética, y serán combatidas por el ensamble entre el ejército estatal colombiano y el paramilitarismo como brazo armado del capital de las oligarquías locales y transnacionales. A este cuadro se sumará, a lo largo de los años setenta y ochenta, la irrupción del narco con los carteles de Cali y Medellín –este último con Pablo Escobar a la cabeza–, organizaciones de capitalismo ilegal que con su flujo de dinero tendrán injerencia en la política (relación entre política profesional y capital narco) y crearán sus propios grupos paramilitares. El cuadro completo –cuya tela es abastecida por fuerzas armadas estatales y paramilitares, fuerzas armadas revolucionarias y máquinas de guerra del narco– rendirá desde los años ochenta la configuración de un conflicto armado que atravesará del siglo XX hasta el XXI, a pesar de las negociaciones de paz de los ochenta entre gobierno y guerrillas (en 1982 el gobierno de Belisario Betancourt acuerda la paz con M19 y EPL) y, desde los años noventa, del debilitamiento de los narcos (en 1993 cae el cartel de Medellín con la muerte de Pablo Escobar; en 1996 cae el cartel de Cali) y de las guerrillas comunistas tras la caída de la Unión Soviética (en 2007 cae el ERP bajo el gobierno de Álvaro Uribe; en 2016 se acuerda el desarme de las FARC bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que le vale al presidente el mismo Premio Nobel de la Paz que se le había otorgado en 1973 a Kissinger). En 2017 resurgen las FARC y el ELN, en combate con las fuerzas armadas del gobierno de Iván Duque y los paramilitares, proyectando el conflicto armado colombiano que sólo en las últimas seis décadas ha dejado un saldo de 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 7.000.000 de desplazados internos –la cifra más alta de América Latina y triste registro mundial– y 8.300.000 hectáreas de tierras despojadas a indígenas y campesinos.[12]      

            Decíamos que las causas básicas del conflicto en su dimensión política y económica siguen intactas: la exclusión política y la cuestión de la tierra. Este nudo político se desnuda, mas no se desanuda, con el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 que buscaba refrendar el “proceso de paz” iniciado unos años antes.[13] El triunfo del “no”[14] implicó la renegociación de varios puntos con sus promotores –principalmente no tocar la propiedad de la tierra: no a la reforma agraria–,[15] lo que en la práctica significó la continuidad explícita de la guerra en Colombia, esto es, la proyección indefinida de una economía política de la guerra.[16] Una economía cifrada sacrificialmente en el modo de producción capitalista como modelo de “orden y desarrollo”, cuyo conflicto central se dibuja políticamente en su narrativa maestra como fractura entre la vida capitalística del progreso civilizatorio y el comunismo anárquico de “bandoleros”,. “terroristas” y “narcos”.[17] El conflicto que se juega en la cruenta imposición de un modelo de desarrollo como texto soberano –que implica sacrificio de ambientes y poblaciones, y la correspondiente insurrección popular– despliega todo el espectro del terror devenido de las dinámicas de la dominación y su aseguramiento. La razón armada, en su dimensión racional, pone en obra un discurso transicional y “democratizante” que habla de “acuerdos” para neutralizar la monstruosidad criminal de la insurgencia y que establece una relación de sinonimia dura entre legitimidad y legalidad: si la legitimidad descansa en una democracia nominal en contexto de paz armada (“democracia protegida”),[18] entonces la legalidad puede operar con carta de “justicia” como violencia del derecho contra los oprimidos criminalizados (reforzamiento de los aparatos represivos y securitarios del Estado: policía y ejército), incluso más allá de la ley (brazo armado del capital: paramilitares)[19]… he aquí, otra vez, la paradoja de la excepcionalidad soberana, en Colombia hecha regla de un modo ejemplar.

            Si en la dimensión política un factor clave del conflicto es la instalación de una democracia excluyente de carácter oligárquico desde la segunda mitad del siglo XX, habría que pensar la contextura de esa máquina.[20] Tal contextura consta del aparato del Estado y un sistema político bipartidista que lo administra, además de los aparatos represivos y securitarios y el control de los medios de comunicación masivos. La continuidad de tal máquina garantiza la “estabilidad política” para el mantenimiento del orden, es decir, del sistema económico neoliberal imperante; su contextura tiene el efecto de indistinción entre democracia y dictadura. Si la fórmula “orden y desarrollo” funciona como esquematismo de la espacialidad y la temporalidad en el discurso político dominante,[21] habrá que pensar en el ensamble de esta máquina en torno su eje conservador y su eje liberal: autoritarismo político (de matriz colonial, hacendal) y liberalismo económico (intensificación de las fuerzas de apropiación privada y modernización del capitalismo). La instalación de un orden funcional al desarrollo implica contener con violencia estatal –y con otras violencias más sucias– los procesos políticos que desbordan la democracia nominal del capital. La genealogía de esta máquina bipolar tiene un hito importante, como antes señalamos, en la articulación del Frente Nacional (1958-1974). Mientras se desarrolla el período de “la Violencia”, tras el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez desde 1951 se instala el gobierno de Laureano Gómez, conservador radical, filo-nazi y franquista, quien declara el estado de excepción permanente y asienta la doctrina de que ante el fracaso político-social de los partidos lo que queda es el binomio Fuerzas Armadas y Pueblo. Aquejado por problemas de salud que le impiden cumplir a cabalidad sus funciones gubernamentales, Gómez es depuesto por el golpe militar que inicia la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, que se extenderá entre 1953 y 1957 y, entre otras medidas, dicta la proscripción del Partido Comunista Colombiano. Desde 1958 surgirá el Frente Nacional como máquina de gobierno de coalición y monopolio de la política representacional en postdictadura, proyectando históricamente las prácticas de violencia excepcional.

El legalismo ha servido a veces como una forma de encubrimiento ideológico de exclusiones e impunidades intolerables, eficaz a la hora de desviar las demandas y luchas sociales de sus potencialidades verdaderamente transformadoras. (…). En esta línea, pese a que el Frente Nacional se planteó como un acuerdo paritario para el ejercicio del poder, capaz de garantizar el retorno a los cauces institucionales quebrantados por la dictadura de Rojas Pinilla, lo cierto es que nunca pudo escapar de la excepcionalidad característica de la dictadura y, en vez de salir definitivamente de ella, optó por institucionalizar algunos de sus mecanismos. Esa excepcionalidad, sin embargo, no se aplicaba ya para afrontar los resentimientos de la violencia partidista, sino que fue la base de una intensa violencia de carácter clasista, contrainsurgente y anticomunista, atizada por las tensiones geopolíticas del contexto (…). Entre 1949 y 1991 Colombia vivió 206 meses bajo estado de excepción, es decir, 17 años, lo cual representa el 82% del tiempo transcurrido. El hecho de que la excepcionalidad se convirtiera en la regla durante este período tuvo impactos muy negativos sobre la justicia, el estado de derecho y la democracia.[22]

La máquina frente-nacionalista, durante su gobierno en el período de Guillermo León Valencia (1962-1966), reforzará sus aparatos coercitivos y securitarios estatales (adoctrinamiento de fuerzas armadas en función “pretoriana” y anticomunista), creando el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con la asistencia del aparato político-militar de Estados Unidos –la CIA y la Escuela de las Américas, al hilo de la doctrina de seguridad nacional. Se trata de una estrategia de inmunización del ensamble Estado/Capital contra todo lo que obstruya su progreso: represión y guerra sucia contra el activismo político y la protesta social, los estudiantes, la organización sindical y las guerrillas rurales. La violencia de este ensamble tendrá su eco en la eclosión de la lucha armada campesina contra la opresión predadora del capital, y desde 1961 el cuadro se tornará aún más complejo con el auge del paramilitarismo, consistente en grupos de civiles armados para la protección de la propiedad privada latifundista, el despojo de campesinos e indígenas y la protección del “pacto político que monopolizó el poder del Estado”.[23] Como brazo armado del capital, el paramilitarismo actúa al margen del Estado (paralelamente al Ejército Nacional), pero con el apoyo político del Estado controlado por la oligarquía y el soporte técnico de sus fuerzas armadas regulares –los dotan de armas, entrenamiento y técnicas de contrainsurgencia. Frente a las guerrillas comunistas revolucionarias, la violencia estatal y paramilitar tendrá por cometido la contención del avance del comunismo criollo –el “enemigo interno”– tras la Revolución Cubana de 1959, en sintonía con los lineamientos geopolíticos y económicos de la Alianza para el Progreso impulsada por Kennedy desde 1961.    

Respecto de la cuestión de la tierra como factor económico clave del conflicto, hay que destacar que la mayor parte del teatro de operaciones del conflicto armado colombiano se halla en las zonas rurales. El conflicto rural hunde sus raíces en la historia colonial y tiene entre sus hitos en la constelación histórica postcolonial la “fiebre del caucho” en el tránsito del siglo XIX al XX –guerra capitalística de predación intensiva en la región amazónica del sur del país, proceso en el cual los empresarios explotan la selva y masacran a los indígenas (ocainas, huitotes, boras, muinanes) para apropiar sus territorios–, y el apogeo de la violencia paramilitar entre 1995 y 2005, con masacres de aldeas enteras para despojar a los campesinos de sus tierras. Se trata de dos hitos que ilustran procesos de intensificación de la violencia, mas fuera de tales periodos el terror ha sido permanente, en el formato de una “guerra de baja intensidad y alta frecuencia” –sin masacres ni enfrentamientos de grupos armados, pero sí con asesinatos selectivos cotidianos de activistas territoriales y medioambientales. La violencia de la guerra capitalística rural colombiana se ha desplegado en función del despojo territorial de campesinos e indígenas, cuyas tierras han pasado a ser propiedad privada de terratenientes (haciendas con agricultura y ganadería), agroindustrias (monocultivos), empresas extractivistas y energéticas (minería y megaproyectos de generación), y narcos (cultivos de marihuana y coca).[24] En función de este proceso de predación y contra todo intento de democratización de la tierra (reforma agraria), la necropolítica del capital se ha expresado en las alianzas entre terratenientes, empresarios, paramilitares y agentes del Estado –políticos, funcionarios judiciales y administrativos, militares y policías.[25]  

                            

Para finalizar, quisiera aquí abrir una brecha más acá de los factores políticos (la exclusión política) y económicos (la cuestión de la tierra) a los que señalan matrices de análisis como la que pone en juego Ana Bengoa,[26] una brecha de consideraciones relativas a la deriva molecular y nihilizada de la guerra en Colombia. En este sentido me ha parecido interesante el trabajo de Mónica Zuleta en torno a las modalizaciones “crueles” de los procesos de subjetivación en curso en Colombia:

La hipótesis que pretendo desarrollar (…) sostiene estas premisas: primero, que fue a través de acontecimientos de guerra, y del mercadeo de la muerte, así como de cuestiones mediáticas, en particular la radio y la prensa, que en país se dio el giro de la coacción a la libertad, giro que conformó una sociedad civil liberal vinculada a través de decisiones individuales sobre la guerra y la muerte, basadas en cálculos de costo-beneficio. Segundo, que esa “sociedad civil” hizo uso de idearios políticos más como pretexto para ser reconocida que como direccionamiento moral y que entonces, paulatinamente “aceptó” que el ejercicio de prácticas de amedrentamiento y la conformación de redes de provechos, eran caminos viables para volverse activa y participar de la racionalidad económica. Tercero, que la política de desarrollo se fortaleció y propagó a través de esas redes y como un experimento macabro, estimuló la guerra desordenada y cruel como manera para empujar flujos económicos. Finalmente, que en la medida en que la subjetividad liberada favoreció que conjuntos de individuos tomaran decisiones sobre la vida y la muerte de otros, en función del provecho que obtenían, las direcciones gubernamentales entraban en contacto con direcciones económicas modernizadoras. Eso explica que cuando se desataba la guerra campesina autónoma, junto con acciones cívico-militares de amedrentamiento y terror estatales, la economía creciera y se multiplicaran conexiones entre empresarios, gobernantes y sectores populares.[27]

Más acá de las dinámicas imperiales y soberanas que abastecen la dialéctica entre opresores activos y oprimidos pasivos y las formas molares tradicionales de la guerra –la guerra colonial, la guerra interestatal y la guerra civil intestina–, y pasando por la fase de la “guerra sucia” irregular y tránsfuga contra el enemigo interno, se trataría de pensar la deriva molecular y nihilizada de la guerra en Colombia: difusión y nihilización del terror, deriva de la necropolítica a la necroeconomía, guerra civil global que se libra a nivel molar y molecular, hasta el nivel del conflicto constitutivo de cada subjetividad:

Supongo que las técnicas de gobierno que constituyen este germen neoliberal no actúan sobre conciencias, ni sobre cuerpos, es decir, no son representacionales ni disciplinarias, sino que, en aras de propiciar toda suerte de diferencias, atrapan experiencias. De modo que, los flujos capitalistas provocan que las multitudes actúen desbocadamente mediante la articulación de distintas intervenciones puntuales que afectan directamente las pasiones, y no buscan nada en particular diferente a propiciar desórdenes. Dicho de otra manera, conforman efectos de multitud.[28]

            En virtud de la deriva necroeconómica del capital (violencia estructural de la relación asimétrica entre capital y trabajo, terror estatal y paraestatal, mercadeo social de la muerte en el narcotráfico, la extorsión y el sicariato), y por la vía de la espectacularización de la violencia y su difusión de pasiones tristes, lo que ha habido en Colombia es una naturalización de la violencia mortífera en contexto neoliberal: la producción de subjetividades “activas” –no “pasivas”– que se sostienen en la decisión individual sobre la productivización de la violencia en función de cálculos de costo-beneficio. Subjetivación “endriaga”[29] que hace mímesis de la violencia capitalística, se acoge en su multiplicidad flexible dentro del marco del homo oeconomicus, marco que opera como norma antropológica –o dispositivo de la persona–, articulando así la materialidad del concepto de “sociedad civil”.[30] La guerra ya no es lo que era.     

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[1] Carranza, María Mercedes, «La patria y otras ruinas: antología», Editorial Ayuntamiento de Carmona, Sevilla, ¹2004, p. 19.

[2] En junio de 2013 el gobierno de Colombia suscribió un acuerdo de cooperación y acercamiento con la OTAN, con el objetivo de ser un país miembro asociado a futuro. Esto se dio en medio de un debate acerca de la significación geopolítica de la OTAN: ¿“brazo armado del imperialismo” o “baluarte de la civilización occidental”? Tal ingreso como “socio global” (global partner) se concretó el 31 de mayo de 2018, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, convirtiendo a Colombia en el primer país latinoamericano asociado a la organización transatlántica del norte.

[3] Colombia es la tercera economía que más inversión atrae en la región, precedida por Brasil y México. Los datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) indican que Brasil concentra 48% del total de la inversión en la región, seguido por México con un 20%, Colombia con un 8% y Chile con un 7%. El año 2017 el monto de inversión extranjera directa en el país alcanzó US$14.518 millones, cifra que representa un incremento de 4,83% en comparación con 2016, según el Banco de la República. Tradicionalmente el sector de mayor inversión por parte de multinacionales fue el sector del extractivismo minero y petrolero, además de la agroindustria, aunque en los últimos años la inversión se ha diversificado en magnitudes importantes hacia otros sectores como manufacturas y construcción, y se proyecta un aumento del destino de las inversiones hacia industrias 4.0, metalmecánica y agroindustria de monocultivos “con oportunidad de desarrollo de proyectos en las zonas más afectadas por el conflicto”.

[4] En términos de industria de capital local, los principales sectores son minería, petrolera, química, textil, agroindustria, ganadería, calzado, equipos mecánicos y de transporte, armamentística.

[5] Ver Viñas, David, «Indios, ejército y frontera», Editorial Siglo XXI, México D.F., ¹1982.

[6] Ver Palacios, Marco, «Violencia pública en Colombia. 1958-2010», Editorial F.C.E., México D.F., ¹2012; y Velásquez, Edgar, «Historia del paramilitarismo en Colombia», en Revista de Historia, nº 26, vol. 1, São Paulo, 2007, pp. 134-153.

[7] Vallejos, Virginia, «Amando a Pablo, odiando a Escobar», Editorial Random House Mondadori, Bogotá, ¹2007.

[8] Chico de 15 años, de una pandilla narco: “prefiero vivir hasta los 20 como un rey que hasta los 40 como un lacayo”. Para una consideración de los “sujetos endriagos” en contexto de “capitalismo gore”, ver Valencia, Sayak, «Capitalismo gore», Editorial Melusina, Santa Cruz de Tenerife, ¹2010.

[9] El sistema colonial de clases sociales en la región implicará una jerarquía que desciende desde los dominadores españoles, pasando por criollos y mestizos, hasta los indígenas y los esclavos negros en lo más bajo de la pirámide social.

[10] El Estado de Nueva Granada abarcaba lo que después de 1903 serán los territorios de Colombia y Panamá.

[11] Las FARC surgen en 1964, como resistencia armada a la guerra capitalística instigada desde el Parlamento de Colombia por políticos como Álvaro Gómez Hurtado (dirigente oligárquico) y desplegada como “guerra sucia” por el ejército estatal –cuyo adoctrinamiento contrainsurgente asesorado por el gobierno de Estados Unidos venía desde 1962 con la implementación del plan LASO (Latin American Security Operation), conocido también como “Plan Lazo de Seguridad” (cfr. Malott, David, «Military Civic Action in Colombia», tesis de Maestría en Historia, Universidad de La Florida, Gainesville, 1985, p. 160 y ss.)– y los paramilitares como brazo armado de la oligarquía. El período de “la Violencia” que se había dado por finalizado historiográficamente en 1958 con la consolidación de la alianza liberal-conservadora, en efecto nunca terminó y más bien se proyectó históricamente, como una guerra capitalística del ejército estatal (controlado por la máquina política oligárquica) y los paramilitares (formados por el ejército estatal y financiados por latifundistas y narcotraficantes) contra campesinos e indígenas: despojo de tierras mediante la violencia (imposición de compra de tierras a precios irrisorios o expulsión) y consecuente desplazamiento forzado. Las FARC irrumpen en este escenario como insurrección armada frente a la violencia neoliberal –estatal y paraestatal–, frente a la violencia capitalística contra los pueblos. El discurso de las FARC en relación con el término de la guerra es: paz con justicia social, sin el terror de Estado que impone el despojo (lo primero conduciría a un efectivo y justo acuerdo de paz; lo segundo no sería sino una propuesta de rendición, es decir, una nueva pacificación).  

[12] Cfr. Nubia, Martha (coord.), «¡Basta ya! Colombia: memoria de guerra y dignidad», Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, 2013.

[13] El “proceso de paz” consistió en cuatro años de negociaciones que fueron a dar a la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana el 26 de septiembre de 2016, entre el Estado de Colombia (gobierno de Juan Manuel Santos) y la guerrilla revolucionaria (FARC-EP). El acuerdo implicaba el cese definitivo del fuego (no tregua), la conversión de la insurgencia armada en partido político y, por tanto, su desmovilización (entrega de armas a la ONU y reincorporación a la vida civil), a cambio de un proceso gradual de reforma agraria y democratización.

[14] No (50,21 %) v/s Sí (49,78 %).

[15] La modificación del acuerdo original se concretó con el Acuerdo del Teatro Colón, en Bogotá el 12 de noviembre de 2016.

[16] Bengoa, Ana, «Colombia. Economía política de la guerra», Editorial Pehuén, Santiago, ¹2017, p. 9.

[17] En 1964, en el periódico Voz Proletaria, el comandante Richard (Alfonso Castañeda) de las FARC declaraba: “Eso de bandoleros es una palabra con que se descalifica, se aísla de la sociedad a las personas que se quiere asesinar, para que no haya protestas por su muerte. Pero ya está de moda en el ejército obligar a los soldados a asesinar a campesinos, cambiarles su ropa civil por prendas militares, sus alpargatas por tenis, ponerle un arma al lado, fotografiarlo y luego publicar un comunicado oficial en el cual el compañero aparece reseñado como peligroso bandolero que usaba un apodo repugnante” (citado por Bengoa en opus cit., p. 13). En relación con las tácticas de guerra sucia para criminalizar a la insurgencia –montajes militar-mediáticos, “falsos positivos”–, éstas echan mano de categorías al uso: desde la primera mitad del siglo XX se hablaba de “bandoleros”, y desde la segunda mitad hasta hoy de “terroristas” y “narcos”.

[18] Ver Angarita, Pablo, «Seguridad democrática. Lo invisible de un régimen político y económico», Editorial Siglo del Hombre, Bogotá, ¹2011. 

[19] Ver Perret, Antoine, «Las compañías militares y de seguridad privadas en Colombia ¿Una nueva forma de mercenarismo?», Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, ¹2009.

[20] Esto es, la máquina bipolar frente-nacionalista: la que se arma como alianza y alternancia entre liberales y conservadores, los dos polos de la misma oligarquía que ha gobernado Colombia desde el siglo XIX. 

[21] Recuérdese anteriores versiones de esta fórmula: August Comte (orden y progreso), Jaime Guzmán (autoridad y libertad), Henry Kissinger (orden y libertad).

[22] William Ortiz, citado por Bengoa en opus cit., p. 14.

[23] Bengoa, opus cit., p. 16. El sustento jurídico del paramilitarismo se halla en el Decreto Legislativo n° 3.398 de 1965, que en 1968 pasa a Decreto de Ley, es decir, a legislación permanente como Ley 48. Tal ley permite al Ejército Nacional organizar y proveer armas a grupos civiles de zonas rurales, las denominadas “autodefensas”. El discurso de la derecha colombiana es que el paramilitarismo fue un producto de la debilidad del Estado, mientras que el discurso del gobierno de Estados Unidos ha acentuado la necesidad de una democracia protegida en Colombia, mediante el fortalecimiento de la función coercitiva del Estado y su transnacionalización –establecimiento de bases militares norteamericanas en la región y asistencia en materias de seguridad.

[24] En 1949 el gobierno de Mariano Ospina Pérez recibe a Lauchlin Currie, un “misionero económico” enviado por el Banco Mundial. Los economistas son los teólogos de nuestro tiempo. El diagnóstico de Currie fue que en Colombia había un “exceso de población rural” y que el desarrollismo, la nueva fe, podía prescindir de la reforma agraria para modernizar el capitalismo agrario. En lugar de ello, una política económica exitosa no debía buscar mejorar la situación económica de los campesinos, y ni siquiera intentar educarlos, sino enviarlos a las ciudades: urbanizarlos y proletarizarlos en las fábricas de la revolución industrial.

[25] Ver Bengoa, Ana, «Sobre guerra y paz. Reflexiones frente a la necro-economía política del capitalismo agrario», en Revista Latinoamericana de Sociología de la Guerra Cuadernos de Marte, n° 14, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2018, p. 205 y ss.

[26] Bengoa, «Colombia. Economía política de la guerra», p. 11 y ss.

[27] Zuleta, Mónica, «El reconocimiento cruel como técnica de subjetividad», en Fuentes, Antonio (ed.), “Necropolítica, violencia y excepción en América Latina”, Editorial Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, ¹2012, p. 98.

[28] Ibidem, p. 97.

[29] Valencia, Sayak, «Capitalismo gore», Editorial Melusina, Santa Cruz de Tenerife, ¹2010.

[30] Foucault: “El homo oeconomicus y la sociedad civil son dos elementos indisociables. El homo oeconomicus es el punto abstracto, ideal y puramente económico que puebla la realidad densa, plena y compleja de la sociedad civil. O bien: la sociedad civil es el conjunto concreto dentro del cual es preciso resituar esos puntos ideales que constituyen los hombres económicos, para poder administrarlos de manera conveniente, Por lo tanto, homo oeconomicus y sociedad civil forman parte del mismo conjunto, el conjunto de la tecnología de la gubernamentalidad liberal” (Foucault, Michel, «Nacimiento de la biopolítica», traducción del francés al español por Horacio Pons, Editorial F.C.E., México, ¹2007, p. 336). Ver también Díaz Letelier, Gonzalo, «Bajo el peso de la noche, parte I. El dispositivo de la persona chilensis», en sitio electrónico La Raza Cómica (14 de abril de 2018).